SERGIO UZÁRRAGA ACOSTA
En junio de 1849 el gobernador Pomposo Verdugo reconoció ilícitos que se cometían al importar mercancía de contrabando por el puerto de Altata, y como se comentaba que debido a eso el erario público era casi nulo, tomó medidas para evitar esa práctica. Lo primero que hizo fue aumentar el resguardo de la aduana terrestre de Culiacán con un oficial y cuatro hombres montados de la guardia nacional. Comenzaron a vigilar con mayor estrictez entradas y salidas de todo tipo de productos, y no daban pase a ninguna carga que, procedente del puerto de Altata, no presentara la guía o documento extendido en la aduana marítima. Como la aduana terrestre de Culiacán, que estaba bajo la responsabilidad de José María R. Natera, no tenía un empleado que realizara el reconocimiento de las mercancías en el puerto de Altata, el gobernador solicitó que se nombrara a alguien para que hiciera el reconocimiento de la descarga y despacho de los buques de cabotaje en el puerto. Le pidió al jefe de la sección de la aduana terrestre que estuviera pendiente de todo y que bajo ningún pretexto entregara documentos hasta que la administración de la aduana a su cargo asegurara el pago de los derechos de las mercancías que entraban o salían. El gobernador tomó, también, otras medidas, y esperaba cuidar, de esta manera, el erario público.
Aunque oficialmente Altata estaba declarado puerto de altura, no tenía las instalaciones que, por su categoría, se esperaba que tuviera. Por eso, con el fin de que obtuviera apoyo financiero, de acuerdo al reglamento de aduanas marítimas fronterizas y de cabotaje que se hizo con arreglo a lo dispuesto en una ley de 24 de noviembre de 1849, el presidente de la República, general de división José Joaquín de Herrera, habilitó al puerto de Altata para el comercio extranjero, de escala y cabotaje. Se esperaba, de esta manera, que hubiera avances en la población, pero después ni el gobernador Pomposo Verdugo, ni José María Gaxiola, que lo sucedió en el cargo, no pudieron hacer gran cosa para mejorar las condiciones del puerto. Fue hasta 1851, al iniciar el periodo gubernamental Francisco de la Vega, que se le pudo dar a Altata un empuje al expedirse una ley con el objeto de favorecer su aumento de población. El ministro de hacienda y la Junta Directiva de Crédito Público nombraron, sin embargo, administrador de la aduana marítima de Altata a un señor de apellido Campos, y empezó a haber problemas porque no se le quiso dar posesión. Se hizo entonces un escándalo porque no se obedecieron las órdenes, y se pidió, por parte de algunos habitantes de Altata y de la ciudad de Culiacán, que a quienes incurrieron en este delito se les diera un castigo ejemplar.
Aún con dificultades, en Altata había un gran movimiento marítimo. El 31 de marzo de 1851 salió de este puerto la barca nacional Clarisa, de 224 toneladas de capacidad. Iba con destino a Mazatlán, en donde entró este mismo día. Su capitán era Juan Camarena, y su tripulación estaba integrada por 10 personas. El 3 de abril salió de Mazatlán, con rumbo a Altata, la goleta nacional Elisa, de 35 toneladas. Su capitán era el señor Fernando Jamanié, y su tripulación estaba formada por 6 personas. El 5 de este mismo mes salió de Altata, con rumbo a Mazatlán, la goleta nacional Sirenita, de 37 toneladas. Su capitán era el señor Iriarte, y llevaba una tripulación de 6 integrantes más 3 pasajeros. Entraron a Mazatlán el 8 de abril en medio de un ir y venir de embarcaciones.
Algunos buques hacían su arribo en Altata de manera frecuente. Sus nombres eran muy sonados en las costas del Pacífico. Uno de estos era el pailebot nacional Telégrafo, cuyo capitán era Pablo Ursichí, otro era la balandra nacional Angelita, de 23 toneladas y cuyo capitán era el señor Miguel Eleorteaga o Elortegui, y uno más la goleta nacional Toña, cuyo capitán era el señor Juan Casas. Algunas embarcaciones llevaban pasajeros, otras no, algunas llegaban cargadas de harina u otros productos, y tanto movimiento marítimo hablaba de la importancia del puerto de Altata. Vivía momentos de esplendor, pero en este tiempo, ya para finalizar el año de 1851,empezó a haber algunos problemas políticos, y en 1852 se acrecentaron. A mediados de este año hubo un levantamiento en Mazatlán, encabezado por Pedro Valdés, en contra de la familia De la Vega, y la tranquilidad en Altata se vio afectada considerablemente. Pedro Valdés y sus seguidores acusaron a la familia De la Vega de monopolizar el comercio y de que por solicitud de ellos y para su provecho se había abierto el puerto de Altata y cerrado el de Navachiste, y estos conflictos estaban alterando el orden de que anteriormente gozaban los pobladores de Altata. El gobierno de la república había anunciado, sin embargo, que iba a cerrar los puertos en donde había pronunciamientos, y se comentaba que si se cerraba el de Mazatlán, el puerto de Altata se iba a ver favorecido. Había, por lo tanto, de parte de varias personas de familias distinguidas de Culiacán, discusiones públicas al respecto, y se esperaba que Altata se viera beneficiado.
Como al gobernador Francisco de la Vega y a su familia se le hacían muchos reproches por parte de los sublevados en Mazatlán, y como se sabía que estos revoltosos enviaron sobre Altata una expedición de cincuenta hombres al mando del oficial Grosso, los conflictos tomaron tales proporciones que había amenazas de una guerra civil en Altata. La expedición de los pronunciados de Mazatlán no tuvo los resultados que se propusieron, pero como se temía que repitieran su intento con el fin de apoderarse de los fondos de la aduana marítima de Altata, el gobernador, previendo que no saquearan las oficinas, tomó ocho mil pesos que había ahí. Aunque se apoderó del dinero para protegerlo, los sublevados lo acusaron de robo. La prensa dijo: “hasta ahora no se sabe más que el hecho de haber tomado en efecto el Sr. Vega ese dinero; pero ello no basta para formular en su contra un cargo tan grave como el que se le hace.” Más adelante, refiriéndose al supuesto robo, en la prensa se dijo: “Creemos, pues, muy probable que, temiendo el Sr. Vega que tal cosa sucediese, quiso evitarlo, y puso con ese fin en salvo la cantidad de que se trata. El hecho entonces, lejos de ser un atentado, toma por el contrario el carácter de una medida de aseguramiento, de un servicio positivo prestado al supremo gobierno, á cuya disposición se tendrá el dinero para darle la inversión que ordene.” Se elogió mucho al gobernador por esa actitud, no se le consideró capaz del robo, y se le defendió afirmando: Francisco de la Vega “tiene más de lo necesario para ver con desprecio los ocho mil pesos que habría en Altata,” y aunque hubo quienes públicamente justificaron la actitud del gobernador, en la población prevaleció la idea de que él se beneficiaba económicamente debido al poder político que poseía.
HEMEROGRAFÍA: Siglo Diez y Nueve, El
* Maestro en Historia del Arte en la UNAM
