Por: José Manuel Cebreros Delgado
“Declaración Universal de Derechos Humanos: Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. (…) el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.”
I.- Introducción
Hay que señalar que el nacimiento de la Educación Superior en México surge en el siglo XVI. Teniendo como antecedente la Real y Pontificia Universidad de México, que inicia con la creación e impartición de una amplia variedad de cátedras, y con la Real y Literaria Universidad de Guadalajara; ambas fundadas por la Corona Española.
La intención de establecer una universidad que impartiera todas las enseñanzas cobra mayor importancia en los siglos posteriores, tarea desempeñada por diversas instituciones educativas de nivel superior distribuidas en todo el territorio de la Nueva España. La primera de éstas es el Colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco o Imperial Colegio de la Santa Cruz, fundado en el año de 1536, dedicado a la enseñanza superior de indígenas.
En la misma época, creados por órdenes religiosas: franciscanos, agustinos, mercedarios y jesuitas, surgen otros colegios en distintos lugares del territorio nacional. El Colegio de San Javier de Mérida en 1624, desaparecido con la expulsión de los jesuitas, concedía grados académicos a semejanza de las universidades españolas (Solana, Cardiel y Bolaños: 2001). Lo mismo en 1664, en el estado de Puebla, con el Seminario Tridentino, junto al ya existente Colegio de San Juan Evangelista, donde se impartían facultades mayores.
Además de estas escuelas de corte religioso, el Gobierno Real establece cuatro colegios dentro del último tercio del siglo XVIII: La Escuela de Grabado (1778), el Colegio de Nobles Artes de San Carlos (1781), el Jardín Botánico (1778) y el Real Seminario de Minería (1792). En los primeros años del periodo independiente, antes de la reforma liberal, se fundan dos universidades religiosas: la de Mérida (1824) y la de Chiapas (1826); ambas desaparecen años después: la primera en 1861 y la segunda en 1872.
Al finalizar el siglo XVIII, con la llamada “ilustración mexicana”, la Educación Superior vive un momento importante, dándose una orientación científica y racionalista de sus instituciones, lo que propicia beneficios para el sector educativo.
En los años de 1867, Juárez, la República Restaurada y el Porfiriato, el gobierno insiste en resolver los problemas educativos. En este lapso de tiempo se permite que los colegios queden en manos de los conservadores.
Otro beneficio se produce al momento en que el gobierno de Porfirio Díaz permite el restablecimiento del poder de la Iglesia, sobre todo en materia de educación. Incluso se habla de la apertura de escuelas católicas de Educación Superior como una etapa de reconstrucción de las instituciones y de la vida institucional basada en una concepción liberal. Es en los años de 1889 a 1890 cuando se dice que el Estado debe respetar la libertad de conciencia y de cultos, considerándose que el hogar es inviolable.
El siglo XIX está marcado por las discusiones entre los diferentes grupos sociales por orientar la política educativa del Estado. El conflicto está encaminado a un aspecto central: “la lucha de los grupos de la sociedad civil (clero, burguesía, sectores importantes de la clase media, intelectuales liberales) por impedir la constitución de un monopolio educativo estatal” (De Leonardo: 1983: 18). A la par de esta circunstancia se encuentran las peticiones hechas por los padres de familia, quienes demandan una educación no controlada por el Estado.
Con el propósito de preservar los estudios superiores, durante el siglo XIX los gobiernos de los estados crean institutos científicos y literarios, establecidos como instituciones laicas de Educación Media. En algunos de los estados del país, los institutos científicos y literarios y los colegios civiles imparten estudios superiores (Rangel: 1976). Algunas de estas escuelas se fundan paralelamente a las religiosas. Otras, siendo de carácter eminentemente religioso, pasan a formar parte del Estado.
Esto previa disposición legal, en la que se aseguraba que la educación era una actividad de interés público y que correspondía al Estado organizarla. La Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal del año de 1867 constituye un claro ejemplo de este propósito y de la intención de fomentar los estudios de nivel superior, inicialmente sólo en la ciudad de México. Así hasta la fundación de la Universidad Nacional de México, en el año de 1910.
En 1624 nace la Universidad Real y Pontificia de San Francisco Javier, en Mérida, que dejaría de funcionar al ser expulsados los jesuitas y en 1791 la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, que tuvo que sobreponerse a la oposición de la Real y Pontificia Universidad de México, establecida en la capital del virreinato desde 1551. Tales casas de estudios tuvieron cátedras de humanidades, filosofía, teología y derecho canónico.
En la primera mitad del siglo XX surgen once universidades estatales, permeadas por las aspiraciones revolucionarias y que en general tenían reducida población escolar y escasos recursos económicos: Universidad Michoacana, Universidad del Sureste, antecedente de la de Yucatán, Universidad de San Luis Potosí, Universidad de Guadalajara, Universidad de Nuevo León, Universidad de Puebla, Universidad de Sonora, Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad de Guanajuato y Universidad de Coahuila.
Es importante señalar que en 1950 se constituyó la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES) que con el transcurso del tiempo ha desempeñado un importante papel en la relación de sus integrantes con las instancias educativas federales.
En la década de los cincuenta la (ANUIES) vio surgir diez universidades estatales en los distintos rumbos de la geografía del país: Universidad de Querétaro, Universidad de Morelos, Universidad de Chihuahua, Universidad Juárez de Oaxaca, Universidad de Campeche, Universidad de Tamaulipas, Universidad del Estado de México, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Juárez de Durango y Universidad de Tabasco. En los sesentas fueron otras siete: Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad de Colima, Universidad del Carmen, Campeche, Universidad Autónoma de Zacatecas y Universidad Autónoma de Nayarit.
En este nuevo siglo, estas universidades públicas observan una demanda de educación superior sin precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación tiene para el desarrollo social, cultural y económico así como para la construcción del futuro nacional, de cara al cual las nuevas generaciones deberán estar preparadas en competencias profesionales y nuevos conocimientos que involucren a la par con la profesionalización u enfoque de respeto a los derechos humanos .
Para concluir esta primera parte afirmaremos que la educación superior se enfrenta en todas partes a desafíos y dificultades relativos a la financiación, la igualdad de condiciones de acceso a los estudios, una mejor capacitación del personal, la formación basada en las competencias, la mejora y conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la pertinencia de los planes de estudios, el establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los beneficios que reporta la cooperación internacional. La educación superior debe hacer frente a la vez a los retos que suponen las nuevas oportunidades y las universidades deberán reformar a su marco normativo e institucional para lógralo.
* Abogado y Cosenjero de la CEDHS
