“hoy se busca que se preserven los derechos humanos a través de convenios de colaboración”
Por José Manuel Cebreros Delgado*
Comenzáremos señalando que el derecho es parte del ser humano, afectando con ello a todos; pero además, el derecho es una herramienta muy poderosa de cambio social.
Aclarando que el cambio social se debe de dar dentro del marco de una cultura de la legalidad que significa, sí, imperio de la ley; pero también significa obediencia de la ley, y la obediencia requiere, necesariamente, conocimiento de la ley.
Recalcando que esta cultura de la legalidad también la deben de aplicar las instituciones en esta tarea es fundamental de respeto y protección a los derechos humanos.
Por ello es indispensable su fortalecimiento a través del buen desempeño de sus funciones, lo que traerá como consecuencia una mejoría en la percepción que de ellas tiene el ciudadano.
Es importante recalcar que el Ejecutivo, al recaer en una sola persona, requiere de fortaleza en cada una de sus dependencias, en cada frente de la administración pública estatal; pero también en la persona del Gobernador mismo y por esas facultades que se tienen el gobierno del estado de Sinaloa firma un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa el día 23 de noviembre del año 2013.
Es importante señalar que al suscribir el convenio antes mencionado se tomaran acciones tendientes a mejorar el nivel de formación y preparación de los integrantes del poder ejecutivo, así como fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos y consolidar los mecanismos institucionales para la promoción y difusión de los mismos.
Esperemos que con estas acciones las dependencias del poder ejecutivo del estado especialmente aquellas encargadas de seguridad pública y procuración de justicia aplique el Control de Convencionalidad conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona.
Concluimos señalando que de acuerdo al artículo primero constitucional todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, aunque para ello no exista un convenio de colaboración.
*Maestro en estudios Parlamentarios, Académico de la
Universidad Autónoma de Sinaloa y Consejero de la CEDHS.
