Por Miguel Ángel Avilés*
Como ya es sabido, los libros de texto que el próximo 19 de agosto recibirán los 26 millones de alumnos de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria del país tienen imprecisiones que van desde errores ortográficos y dedazos hasta instrucciones incorrectas.
Para el investigador de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Olac Fuentes Molinar, quien alertó desde el año 2009 y 2010 sobre las deficiencias, errores, omisiones y cancelación de contenidos a los libros gratuitos de Educación Primaria, resulta una situación vergonzosa para México que la discusión sobre los referidos textos, en esta ocasión, sea ortográfica.
“Arrollo” en vez de “arroyo”, “ocaciona” en lugar de “ocasiona”, acentuación incorrecta, pleonasmos, e incluso ubicar a Tulum en Yucatán y no en Quintana Roo”, son algunos de los ejemplos que han destacado los medios.
Fuentes Molinar va más a fondo del problema: “Son penosos, lamentables y graves, sin embargo, lo más preocupante es que son el reflejo de un descuido y desdén de la pasada administración, pues no sólo contienen unas 117 faltas ortográficas, sino una enorme de deformaciones de tipo pedagógico”.
El también ex subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y reconocido especialista en estos temas tiene razón al no limitarse a señalar la existencia de errores que, como tales, se pueden corregir, aún con el costo que significaría una nueva edición, el tiempo invertido y la necesidad de averiguar quién asignó esta licitación y sobre todo quién no hizo bien su trabajo pese a que por ellos se le pagaron miles de pesos.
Esto obliga a recordar por qué resulta importante para valorar este trabajo que debió de hacerse bien que, siendo presidente de la República Adolfo López Mateos, hace 50 años, con Jaime Torres Bodet a la cabeza de la Secretaría de Educación Pública y Martín Luis Guzmán al frente de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos (CONALITEG), se cumplía cabalmente el mandato del Artículo Tercero Constitucional referente al principio de gratuidad en la Educación Básica. La labor de Martín Luis Guzmán se tradujo en resultados que permitieron afianzar la misión de la CONALITEG como un pilar de igualdad en la educación, ya que la producción de libros abasteció la demanda nacional, además de que algunos de los títulos alcanzaron trece reediciones en los años subsecuentes.
Amén de lo que ha pasado a lo largo de los años, particularmente lo que esta vez pasó, la responsabilidad directa recaía en el entonces Subsecretario de Educación Básica, Fernando González, por cierto, yerno de la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo. Tal displicencia arrojó como producto este material y puso a la SEP, como así lo dijo esta misma, en una “disyuntiva imposible” para corregirlos y entregarlos a tiempo.
“Tienen 117 faltas de ortografía, lo cual es imperdonable, pero no nos correspondió a nosotros ese error. Cuando nosotros llegamos ya estaban en proceso de impresión y no había forma de parar la impresión de esos libros”: admitió Emilio Chuayffet a los medios (cuyo nombramiento al frente de la SEP también es imperdonable).
El Secretario de Educación Chuayffet disculpó a la CONALITEG de la situación, al manifestar que no fue esta comisión la que motivó las faltas. Las faltas venían en la redacción y no se revisaron, afirmó, a lo mejor con sinceridad, a lo mejor como deslinde, pero sin dejar muy claro cuál fue a ciencia cierta el grado de intervención de ese órgano descentralizado, dependiente de la propia secretaría o sin en todo caso en este proceso los hicieron a un lado y se la tuvieron que pasar como el chinito.
Pero bueno, frente a esto, no quedaba de otra más que hacer el reparto porque el tiempo estaba encima y de ese modo se distribuyeron los 233 millones de textos de libro gratuito con la indicación de que aquellos que incluían los errores ortográficos se recibieron en los almacenes de distribución de los estados en todo el país.
La base de los procesos de desarrollo de una sociedad está soportada en la educación, ella es el componente de desarrollo productivo y económico. La educación es el motor que impulsa el desarrollo de toda sociedad, como debiera ser en México, pero decirlo frente a los que nos gobiernan es para ellos y por más que digan lo contrario, un argumento inútil y ocioso.
Lo que a estas alturas quieren son paliativos, no será la primera vez ni la última que se salve con remiendos lo que debiera ser un asunto toral. Ni pena, ni rubor, ni autocrítica, mucho menos investigación profunda y sanciones para quienes valiéndoles madre lo que hacían, obtuvieron como producto estos libros.
No se hizo un trabajo armónico, desde el centro del país salió una idea para medio componer estos yerros -por decir lo menos- y de ahí vino una improvisada lluvia de propuestas para salir del paso y a otra cosa mariposa, que al cabo así nos gusta edificar este país.
De esa forma, la SEP convino con la Academia Mexicana de la Lengua, encabezada por el poeta Jaime Labastida Ochoa, a fin de establecer una “política nacional de materiales educativos”, con la que se busca subsanar los errores ortográficos y entregar a los maestros, por lo pronto, una hoja de fe de erratas que identifican las fallas en los textos de las ediciones de este año escolar.
La Academia, por su parte, con mucha más seriedad, y como si al grito de “ya encarrerado el gato, chingue a su madre el ratón” anunció también, previo permiso del no precisamente filólogo señor Chuayffet, la corrección de las faltas de ortografía y sintaxis en la nomenclatura, cédulas de oficinas, placas de murales y esculturas de la sede de Secretaría, incluyendo las placas de bronce de la dependencia y en las esculturas, como la de don Benito Juárez, donde se escribe Corazón y Juárez, sin acentos, las cuales se encuentran así desde hace muchos años.
Después vendrían otras sugerencias que ya rayaron en la improvisación como la del titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas, Marco Vinicio Flores Chávez, quien dijo que con estos libros “el maestro puede aprovechar la circunstancia para decirle a los estudiantes que así no debe escribirse la palabra”.
El que de plano no se midió fue el delegado de la SEP en Sonora, José Víctor Guerrero González, quien propuso premiar a los niños que encuentren los 117 errores ortográficos que aparecen en los libros de texto gratuito, como una manera de incentivar la lectura y aplicar las bases de las reglas vigentes de ortografía.
Dijo, muy orgulloso, que la estrategia la propuso directamente a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora y fue aceptada para comenzar a aplicarla este mes, al inicio del ciclo escolar.
Sin rubor alguno, Guerrero González explicó que la idea surgió de una experiencia personal, cuando en 1970 asistía a la primaria y un maestro ofreció a los alumnos un billete de 100 pesos si encontraban errores ortográficos en sus libros.
Como si esta impresión estuviera hechizada, leo que en la ciudad de Pachuca, Hidalgo una tormenta dañó 112 mil libros que estaban guardados en una bodega, lo cual equivale al 9 % de los 6,384,429 libros que se entregarían en el nuevo ciclo escolar. Por la misma razón, otros 7 mil se mojaron en el municipio de Los Cabos porque estaban en una cancha deportiva al descubierto.
Aquí se me ocurre que los respectivos delegados, contagiados por el de Sonora, pudieran proponer otro concurso donde se premiara a los niños que detectaran cuáles de esos libros mojados todavía sirven y cuáles no, cuáles se echaron a perder y cuáles no.
Me surge la idea (como le surgió al profe Guerrero) a partir de una experiencia personal cuando en 1970 mi papá nos daba veinte centavos por cada mosca que matábamos. Por las que quedaban vivas, no.
*Lic. en Derecho, escritor y Premio del Libro Sonorense.
