Por José Manuel Cebreros Delgado*
Señalando que la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. En diferentes contextos, la corrupción perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política. La corrupción destruye las bases de las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, socavando el imperio de la ley y deslegitimando la burocracia. Esto causa aleja a los inversionistas y desalienta la creación y el desarrollo de empresas en el país, que no pueden pagar los “costos” de la corrupción.
El concepto de corrupción es muy amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello. La corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre otras prácticas que se pudieran mencionar.
La corrupción viola los derechos humanos de aquéllos a quienes perjudica y tiene un impacto desproporcionado sobre las personas que pertenecen a grupos vulnerables y minoritarios, afectando en forma desproporcionada a los sectores sociales más desprotegidos.
Aquellos que cometen actos de corrupción intentarán protegerse para no ser detectados y para mantener sus posiciones de poder. Al hacerlo, es posible que opriman más a aquéllos que no están en posición de ventaja, lo que incluye a la mayoría de las personas que pertenecen a los grupos antes mencionados. Estas personas tienen menos capacidad para defenderse frente a actos de corrupción por lo tanto, cuando son víctimas de corrupción se recrudece la exclusión social a la que de manera cotidiana están expuestos.
Cuando la corrupción es generalizada, las personas no tienen acceso a la justicia, se sienten inseguras y no pueden proteger sus medios de subsistencia. Los funcionarios prestan mayor atención a los sobornos que a la ley.
Precisando que los Estados tienen tres niveles de obligaciones en relación con los derechos humanos: las obligaciones de “respetar”, “proteger” y “garantizar o cumplir”.
Es importante señalar que la obligación de respetar exige al estado que se abstenga de tomar cualquier medida que pueda privar a los individuos del disfrute de sus derechos o de su capacidad para satisfacer esos derechos por sus propios medios. Este tipo de obligación comprende los derechos civiles y políticos.
La obligación de proteger exige al estado prevenir violaciones a los derechos humanos por terceras personas. Esta obligación de proteger es una función central de los estados los cuales deben evitar que un daño irreparable se inflija a los miembros de la sociedad. Esto exige de los Estados: a) prevenir violaciones de los derechos por individuos u otros actores que no pertenezcan al estado; b) evitar y eliminar incentivos que conduzcan a la violación de los derechos por terceras partes y c) brindar acceso a instrumentos legales, cuando las violaciones han ocurrido, así prevenir pérdidas mayores.
La corrupción puede también violar directamente un derecho humano cuando un Estado, refiriéndonos a una persona con una responsabilidad oficial, actúa u omite actuar de forma tal que impide que los individuos tengan acceso a ese derecho.
En la práctica, la corrupción puede afectar el disfrute de varios derechos simultáneamente.
Las prácticas corruptas, por lo general, traen como consecuencia la desigualdad y la discriminación en el disfrute de los derechos humanos.
En conclusión, la manera más eficaz para poder combatir la corrupción es vigilar y asegurar que los programas sociales se regulen, trasparentes y se fiscalicen. Logrando con ello garantizar que estos programas lleguen a las poblaciones a quien van dirigidos, que a fin de cuentas, se trata de respetar los derechos humanos de todos, comenzando por los más desprotegidos económicamente.
*Maestro en estudios Parlamentarios, Académico de la Universidad
Autónoma de Sinaloa y Consejero de la CEDHS
