Por José Manuel Cebreros Delgado*
El pasado 3 de diciembre del presente año se celebro el día Internacional de las Personas con Discapacidad y de ese grupo vulnerable se considera importante abordar la situación de manera particular de las mujeres y niñas con discapacidad y las dificultades que estas enfrentan son mucho más graves tanto en la esfera pública como en la privada tanto a nivel nacional como estatal y municipal.
Hay que recalcar que las mujeres y niñas con discapacidad son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección e iguales beneficios de ésta sin discriminación alguna y retomando la normatividad esta dice que se prohibirá toda discriminación por motivo de discapacidad y sexo, tomando en consideración que la confluencia de ambos factores produce un efecto exponencial en la desigualdad, por lo que será necesario garantizar su protección efectiva frente a la discriminación en todos los ámbitos de la vida.
Es una obligación del estado fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer ya que es esencial para lograr los objetivos de desarrollo internacionalmente convenidos, entre otros, los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Hay que señalar que particularmente las mujeres y las niñas con discapacidad experimentan una discriminación por partida doble debido a que son mujeres y además discapacitadas, lo que hace que estén más expuestas a la violencia por motivos de género, los abusos sexuales, el abandono, los malos tratos y la explotación.
Haciendo alusión al párrafo anterior y para prevenir lo antes descrito las mujeres y niñas con discapacidad deben ser informadas de sus derechos para que puedan tomar sus propias decisiones. Complementariamente, los mecanismos y herramientas existentes para la aplicación y demanda de los derechos deben ser difundidos entre ellas para garantizar su verdadero ejercicio, proporcionándose medidas específicas de protección y apoyo.
Señalo que todas las disposiciones legislativas, políticas e iniciativas en materia de discapacidad o de género en México deben tener en cuenta la situación específica de las mujeres con discapacidad.
Ya que esta medida llevaría al estado mexicano a la elaboración y aplicación de legislación y políticas publicas que garanticen la no discriminación e igualdad de oportunidades de este grupo minoritario en nuestro país y se estaría en defensa de su igualdad de derechos y luchando contra su discriminación.
Es necesario garantizar que las mujeres y niñas con discapacidad puedan vivir de manera autónoma y participar plenamente en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones con las demás personas y esto seria una realidad si se tomaran medidas adecuadas para asegurar el verdadero acceso de las mujeres y niñas con discapacidad al entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, incluyendo las tecnologías y los sistemas de información y comunicación, así como otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales.
Hay que tomar en consideración que las mujeres con discapacidad disponen de bajos ingresos, una escasa participación en la vida laboral, tienen dificultades para vivir de forma independiente, regularmente no tienen un vehículo particular y viven más años con respecto a sus iguales masculinos, se tiene que favorecer la proximidad vecinal, la rehabilitación de edificios y viviendas, la movilidad peatonal y la reducción de las necesidades de desplazamiento a través del transporte, pará poder darles un espacio donde se puedan relacionar.
Finalmente, señalo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) es un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas destinada a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad y fue adoptada por el estado mexicano y de acuerdo a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos el estado mexicano esta obligado cumplir y aplicar en caso de conflictos de leyes el principio “pro homine”, al que nosotros preferimos mencionar como el “principio pro persona”. Es decir aplicará la norma que confiera mayor protección legal, salvaguarde la dignidad y asegure la integridad física, psicológica, emocional y patrimonial de las personas.”
*Maestro en estudios Parlamentarios, Académico de la
Universidad Autónoma de Sinaloa y Consejero de la CEDHS
