Por Iván Escoto Mora*
Se dice que en México el máximo ordenamiento jurídico es la constitución. En ella se plasma un ideario de principios orientadores de la estructura del Estado, se establece el conjunto de valores que nutren la forma de vida nacional, se reconocen los derechos fundamentales y las reglas mínimas que ordenan las relaciones de los hombres con las autoridades, se fijan los límites del ejercicio del poder frente a las prerrogativas ciudadanas, se definen las libertades de los hombres y de la sociedad.
La noción más básica del concepto de “Estado” nos lleva a pensar en una forma de organización política que implica la intervención de los miembros de la sociedad en la vida colectiva. Pero, en un Estado que suma millones de voces y de intereses, ¿cómo garantizar la participación generalizada?, ¿Cómo asegurar la satisfacción de necesidades disímbolos e incluso contrapuestas?
Es saludable preguntar la manera en que perciben los diferentes grupos sociales la vida democrática que nominalmente se les ha asignado, pero que, en la realidad, los enfrenta a un rosario de vicisitudes olvidadas dentro de un sistema político de intereses poco preocupado por resolver los reclamos aislados, desorganizados y oficialmente prescindibles.
La constitución afirma que en nuestro país la democracia es “un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Los legisladores que acuñaron tal noción, muy probablemente atinaron al advertir que la democracia tendría que producir el mejoramiento en las condiciones de vida del pueblo.
En la práctica, sin embargo, ¿cuál es producto de las consignas y aspiraciones constitucionales?, ¿cómo aprecian los diferentes grupos sociales la vida en nuestro país? Sería difícil apurar una respuesta univoca, quizá solo podríamos señalar que cada sector difiere en opinión en función de los resultados que observa en su entorno.
Es necesario vincular los conceptos con la realidad, acercar su contenido al contexto social. Pablo González Casanova afirmó en un discurso pronunciado en la Segunda Conferencia Internacional Juárez, Bolivar, Lincoln, Martí que “el pensamiento vinculado a la acción le da otro sentido a la palabra”. Nosotros podríamos agregar que el pensamiento unido a la acción reconstituye su contenido, dota a la idea de sentido social.
La vida en comunidad implica la configuración de una infinidad de conceptos que rigen la convivencia. Tales conceptos son contenedores de una ideología determinante, sesgada y a veces, distante la realidad.
Se decreta constitucionalmente que nuestro país es una democracia, que esa democracia es una forma de vida, que esa forma de vida hace de la participación un derecho pero también una obligación; todo ello para producir desarrollo económico, social y cultural. Sin embargo ¿qué pasa en el día a día corriente?
A más de doscientos años del grito que anunció nuestra independencia, a más de sesenta años de que se garantizó la igualdad entre los derechos civiles del hombre y la mujer, a más de quince años de que fuera reconocida la autodeterminación de los pueblos originarios, a tanto tiempo de distancia podemos seguir preguntando: ¿Cuál es el sentido de la democracia cuando se le encara con el acontecer nacional?
En la actualidad las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia, los defensores de los derechos humanos son impunemente ejecutados, la discriminación religiosa y la intolerancia, siembran a diario decenas de muertos.
El proceso electoral que se avecina representa una oportunidad para refrendar nuestra democracia pero también, brinda la ocasión para hacer de la acción política el instrumento que dote de sentido social a los desgastados discursos de un Estado que, en ocasiones, luce ajeno de la necesidad social.
*Abogado y filósofo/UNAM.