Por Miguel Contreras Montoya*
En una sociedad libre, la convivencia civilizada se regula desde los tres soportes esenciales de la democracia: el Estado, que dirige a la sociedad, y debe trabajar al servicio de los intereses superiores de la gente; un cuerpo de leyes, códigos y reglamentos conocido como estado de derecho, y; las instituciones de la sociedad.
De acuerdo al “Contrato Social” que rige la relación entre Estado y sociedad, la gente paga impuestos, para que el Estado, con esos recursos, satisfaga entre otras demandas sociales, lo de seguridad, salud, educación y, alimentación.
Es derecho humano universal inalienable, para la sociedad toda y, para todos y cada uno de los individuos que la integramos; el derecho al desarrollo el que, como se sabe, implica un proceso social que genera mejores condiciones de vida para todos, en una dinámica siempre creciente para mejorar. Asegurar nuestro derecho al desarrollo, es compromiso del gobierno mexicano.
Para que todo mejore, empero, debemos producir más y mejor, y esto, tiene un punto de paso obligado y necesario: el eje ciencia-tecnología-innovación el que, a su vez, hace necesario el ensamble triple hélice, que encadena y coordina a las instituciones de educación superior, las empresas y, los gobiernos.
Nuestros estudiantes asisten a dos sistemas de universidades y tecnológicos: el público, financiados con dinero de la sociedad, y; el privado, donde algunos empresarios venden educación. Las instituciones públicas, casi nunca tienen recursos económicos suficientes para trabajar bien y superarse; las privadas, en cambio, son fuertes por el dinero de quienes pueden pagar sus colegiaturas.
Por décadas, estos dos sistemas han coexistido pacíficamente aunque, con una diferencia: a las escuelas públicas pueden ir, y de hecho van los hijos de los poderosos económicamente, sin más trámite que cubrir los mismos requisitos que los hijos de los pobres, en cambio; los hijos de los pobres, no van a las escuelas privadas, porque no pueden pagar sus colegiaturas ahí.
La semana pasada, el presidente Calderón dijo que en el acceso a la educación superior, hay “desigualdad”, por los costos del sistema privado. Por ello, creó el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, con inversión inicial de 2 mil 500 millones de pesos, para dar créditos a 23 mil jóvenes quienes, pagarán en plazo de hasta 15 años, su deuda de 215 mil pesos para licenciatura y, 280 mil para posgrado, con tasa de 10 % anual.
De nuestros 2.7 millones de estudiantes de educación superior, más de 70 % asisten al sistema público, a instituciones, casi todas, que padecen condiciones precarias. ¿Por qué entregar, a los empresarios de la educación y los bancos, 2 mil 500 millones de pesos nuestros, para endeudar a 23 mil jóvenes por quince años; en vez de fortalecer con ése y más dinero, a las universidades públicas, que albergan a casi dos millones de estudiantes?
Hay más: Calderón sentencia: “si el esquema funciona como se prevé, le vamos a meter mucho más… todo lo que se necesite para que cualquier estudiante que no tenga recursos para pagar su universidad, pueda obtener crédito…”. ¿Con qué derecho, el responsable de la educación pública, quita a ésta el dinero que le corresponde por ser de la sociedad, para dárselo a los empresarios?
Nada tengo en contra de esos 23 mil jóvenes, que pudieran recibir estos créditos pero, sí en contra de que ese dinero de la sociedad, favorezca a los bancos más caros del mundo, los nuestros y, a los ricos que hacen negocio vendiendo educación de pobre calidad. Lo de bancos caros, no lo digo yo, lo vivimos todos, al pagar la tarjeta de crédito. Lo de pobre calidad de la educación privada, no lo invento, lo dice la realidad: de los programas acreditados en todo México, más de 99 % se imparten en instituciones públicas.
Nada tengo, dije, contra esos 23 mil presuntos beneficiarios pero, sí, y mucho, en contra de que se endeuden para estudiar, siguiendo un modelo que ya fracasó en Estados Unidos y Chile, donde los jóvenes que se endeudaron para estudiar, reclaman educación gratuita “como en México”, dicen, y; demandan moratoria a la deuda que les tiene atrapados y sin salida.
Nada pues, en contra de esos 23 mil jóvenes que NO se beneficiarán pero, sí, y mucho, en contra de que, una vez endeudados y, título en mano; se encuentren con que, en México, la mayor proporción de desempleados, corresponde a quienes tienen estudios superiores y que, de nuestros profesionistas que tienen trabajo, la mayoría recibe salarios tan bajos, que no les alcanza para pagar esa deuda y vivir decorosamente como es su derecho.
*Médico docente.
