Por Iván Escoto Mora*
La sociedad es un sistema de relaciones cuya naturaleza implica tensión en tanto que es imposible avenir todas las voluntades vinculadas en el contexto social. Esta es la razón que hace necesaria una gama de estructuras contenedoras de la conducta.
Existen mecanismos formales y reales de control, los formales se recargan en la fuerza institucionalizada del Estado y sus facultades jurídicas para castigar la disidencia social. Los reales, tienen sustento en factores psicológicos, morales y culturales. Así, por ejemplo, en un pueblo ortodoxo clerical, quizá habrá quienes se atrevan a cuestionar la autoridad de las fuerzas civiles pero serán los menos quienes cuestionen la autoridad de los líderes religiosos.
El Estado quiere establecer orden para garantizar la convivencia entre los hombres y el desarrollo social pero también pretende que esos mecanismos aseguren su existencia y con ella, la concentración del poder.
Massimo Pavarini, profesor de la Universidad de Boloña, ha estudiado el fenómeno de la dominación y el control del Estado como vía para la preservación del poder, la explotación y la concentración de la riqueza, objetivos que necesariamente implican la exclusión de la disidencia porque todo lo que constituya peligro para las instituciones deviene en un atentado para la preservación del poder.
La referencia al terror y su difusión mediática es utilizada por los estados contemporáneos como medio justificante de las medidas de represión y control oficial. Se envuelve a la población entre los fantasmas de la desgracia, de la pérdida de bienes sociales y humanos, en medio de historias de horror, surge como adalid del sistema la violencia institucional.
Pavarini señaló en conferencia dictada el presente año en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral:
“En el mundo hay una ola pesimista, fría, que dice que la crisis del capitalismo hace que no haya espacio suficiente para incluir a todos, entonces, pareciera que es necesario excluir más, para estar más seguros. En tal sentido, la cuestión criminal busca una salida de popularidad a través del tema de la inseguridad ciudadana y se democratiza. Esta transformación del sistema de justicia criminal se manifiesta bastante igual en el mundo a pesar de los caracteres distintos entre países por las diferentes tradiciones jurídicas”.
Debemos plantearnos desde la sociología, el derecho y la filosofía, cuáles son las razones de fondo que justifican los mecanismos de control y dominación en las sociedades modernas. En la posmodernidad pareciera que, ante la crisis, encuentra sentido la perversa política del “estado de necesidad” que legitima los sacrificios masivos, las limpias sociales y las purgas étnicas a la voz de: “sálvese quien pueda”
En medio de la catástrofe económica, moral y social, cada grupo busca subsistir como sea y aquellos que detentan el poder no vacilan en utilizar su fuerza para exigir exclusión. Pavarini comenta:
“La mayoría de la sociedad piensa que no se puede incluir a todos, que existe una masa de gente a la que no se le puede dar trabajo y, por tanto, hay que cuidarse y defenderse de ellos, esto se hace a través del derecho penal y el aumento de la severidad de las penas”.
Dentro de un marco aciago, los conceptos se trastocan, los derechos humanos, la protección a la dignidad de los hombres, la solidaridad y la colaboración social, son rubros restringidos y coartados sistemáticamente. Surge un pensamiento nacional de intolerancia en el que se enarbola la bandera de la defensa para ocultar la del racismo y en ese contexto se afirma inconscientemente: “Si hay que ser civilizados y respetuosos de los derechos, es necesario distinguir quiénes son merecedores de protección y de la civilidad”.
Pensar en que los derechos humanos son sólo garantía para algunos, es desconocer el objetivo social en la construcción del Estado. Justificar la intolerancia y la discriminación como medios necesarios de control social, es vaciar el contenido humano del derecho para transformar su concepción en un aparato de explotación y muerte.
Las garantía que ofrecen los estados no puede reducirse a la protección de grupos privilegiados porque los grupos sociales se encuentran interrelacionados y las consecuencias de esas relaciones no se pueden evitar y menos aún desconocer.
Intentar sostener las condiciones de bienestar del uno por ciento de la población mundial sobre los hombros del resto de los hombres -los oprimidos, los excluidos, etc.- es una bomba de tiempo que terminará por desarticular las estructuras sociales como las conocemos, no es coincidencia que a nivel planetario sean millones los que salen a las calles a tomar las plazas públicas enarbolando la bandera de la indignación y reclamando condiciones de justicia social y bienestar colectivo. Garantizar la dignidad general en las condiciones de la existencia humana debe ser una prioridad para todos los gobiernos, lo contrario traería aparejada su desaparición y la transformación de las sociedades como las conocemos.
*Abogado y filósofo/UNAM.