Al cumplir este 5 de mayo 138 años de existencia y desearle larga vida a la Universidad Autónoma de Sinaloa, es importante reflexionar en torno al papel de las universidades públicas en el desarrollo de nuestras regiones y del país.
Las universidades públicas garantizan al Estado y al país disponer de un capital de conocimiento que le permite tomar decisiones en función del bien común de sus habitantes, más allá de intereses sectoriales. Sus aportes a la igualdad, la diversidad, el crecimiento cultural, la investigación y la innovación, la integración nacional, mundial y regional, al desarrollo de una visión especializada e independiente y, en fin, al sentido de ciudadanía y de servicio al país, constituyen bienes públicos irreemplazables para México, a cuya sustentación y desarrollo el Estado debe destinar recursos especiales.
El compromiso de la máxima casa de estudios sinaloense fundada por el ilustre liberal mocoritense Eustaquio Buelna, es preservar y profundizar los principios y valores que deben inspirar a la educación pública: el cultivo incondicionado del saber, la búsqueda y la invención, el aprecio al rigor y la superación, la libre expresión de las opiniones, el pluralismo y la no discriminación, el fomento de la ciudadanía y de la democracia.
La responsabilidad de los universitarios sinaloenses es conciliar la calidad con la equidad, porque entendemos que en una institución pública ambas son condiciones y características indisociables. En ese mismo espíritu, se deben definir nuevas formas de gestión y hacer el uso más responsable de los recursos que el Estado les entrega.
Junto con el deber de los universitarios, al Estado corresponde reconocer el significado que tienen sus universidades en la configuración de lo público y en la producción del bien común. Ese reconocimiento debe reflejarse en un trato especial del Estado hacia sus instituciones de educación superior, en el que se establezcan los derechos y deberes que requieren ser cumplidos por ambas partes. Esta reciprocidad es un elemento fundamental del nuevo trato del Estado con sus universidades.