Por Francisco Javier León Velázquez*
El Real decreto expedido por Carlos III en El Pardo, el 27 de febrero de 1767, inicio una de las más complicadas y trascedentes maniobras políticas efectuadas durante la existencia del imperio español, la expulsión de los operarios de la Compañía de Jesús de todos los dominios del rey y la absoluta confiscación de sus bienes. Esta provisión fue modificada en el capítulo XV del decreto, al permitir la retención de su ropa y bienes personales acostumbrados, baúles, pañuelos, tabaco, chocolates y otros utensilios. Asimismo les fue permitido llevar sus breviarios, diurnos y demás devocionarios portátiles. Estas provisiones fueron despachadas desde Madrid el 1 de marzo por el Conde de Aranda, Pedro Pablo Abarca de Bolea, al virrey de la Nueva España, el marqués de Croix, Carlos Francisco de Croix, que las recibió el 30 de mayo. Guardando el secreto absoluto, a su vez el virrey remitió por postas extraordinarias los decretos desde México a los gobernantes de provincias el 6 de junio, para su ejecución el 25 del mismo mes.
Los papeles fueron recibidos por el gobernador Juan Claudio de Pineda el 11 de Julio en san Miguel de Horcasitas, Sonora. Dado el alto número de misioneros en su provincia, tres días después. Pineda comisiono a cinco oficiales para efectuar la expulsión simultáneamente el 23 del mismo mes, los capitanes presidiales Bernardo Urrea en Altar, Juan Bautista de Anza en Tubac, Lorenzo Cancio en Buenavista, Juan José Bergosa en San José de los Pimas y el justicia mayor Sebastián de Asacárraga en la villa de Sinaloa. En sus instrucciones, bajo el número 3, Pineda especificó el recogimiento de los archivos y demás papeles de las misiones, especialmente los libros de inventarios de bienes y estados de cuenta. Cada uno de los oficiales debería reunir a los operarios de sus rectorados designados en la cabecera de la misma, para ser traslados al puerto de San José de Guaymas posteriormente.
Este es el primero documento que presentó de la trascripción de un testimonio de nueve testigos interrogados que recibieron juramento por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, prometiendo de decir la verdad en las seis preguntas que se le hace a cada uno, la primera pregunta nadie contesta sus generales y en la segunda los testigos dijeron tener entre uno de lo 3, 4, 7, 13 y 15 años de vivir en la provincias de Sinaloa y Sonora. El expediente consta de 92 fojas del año 1674 a 1676 sobre informaciones presentadas por parte de la Compañía de Jesús sobre el tratamiento que hacen a los indios de la Provincias de Sinaloa y Sonora.
El primer testigo es un español que dijo llamarse Andrés López de Guzmán vecino de la Villa de Sinaloa.
El segundo capitán don Pedro Salas vecino de la Villa de Sinaloa y alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisición de la Villa de Sinaloa y sus Provincias
El tercero don Antonio José Pérez de Rivera vecino de la Villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa y Notario de la Santa Inquisición en ella.
El cuarto dijo llamarse Felipe Osorio de los Ríos soldado de los presidios de Sinaloa y vecino de ella.
El Quinto es un hombre español que dijo llamarse Juan de Mendoza y vecino de la ciudad de México, que tenía más de 28 años que servio a su majestad en el Presidio de la Villa de Sinaloa con plaza de infante por tres años.
El sexto es un hombre español que dijo llamarse Francisco Ruiz Sintado, vecino de la Provincia de Sonora residente de la ciudad de México, y que estuvo hace siete años en la Provincias de Sinaloa y Sonora.
El séptimo el señor licenciado de Alonso Ramírez de Prado, racionero entero de esta santa Iglesia Catedral Metropolitana de esta ciudad el cual para ver decir su dicho dijo que lo había de hacer del tiempo que fue cabo y caudillo de la Provincia de Sinaloa por nombramiento del excelentísimo Señor Conde de Salvatierra virrey y gobernador y capitán general que fue de esta Nueva España en cuyo ejercicio y ocupación sirvió a su majestad cuatro años y en ellos visitó dicha provincia tres veces y asistió por más tiempo de un año en la de Sonora, Real y Minas de Toapamas el tiempo de diez meses por justicia mayor y capitán a guerra con que habiendo vuelto a esta ciudad de México el excelentísimo señor Conde de Alba de Aliste Virrey, gobernador y capitán general que fue de esta Nueva España, le mandó fuese con una compañía de setenta hombres arcabuceros de a caballo a socorrer y ayudar a la guerra que se había de hacer a los indios alzados y revelados a la real (Foja 18 v.) corona en el reino y provincia de la Nueva Vizcaya y haber quemado y asolado la villa de Aguilar y muerto además de los vecinos y moradores los religiosos de la Compañía de Jesús y en esta ocupación sirvió a su majestad más tiempo de dos años con que se haya universalmente con las noticias y experiencias interiores y ciertas de modo de proceder y administrar las misiones y doctrinas de los religiosos de la Compañía de Jesús.
El octavo el general don Gaspar de Quezada Hurtado de Mendoza vecino de la ciudad de México y que como persona que por cédula particular que tuvo firmada del Rey nuestro señor don Felipe Cuarto de gloriosa memoria en que le nombró por gobernador y capitán de las provincias de Sinaloa y Sonora, fue y asistió a dichas provincias de Sinaloa que es lo principal de ellas tres años y dos meses en cuyo tiempo vio este testigo que los religiosos misioneros de la sagrada religión de la Compañía de Jesús no solo hacían buen tratamiento a los indios que administran sino que los sustentaban de todo aquello que era necesario así a ellos como a sus mujeres e hijos tratándolos con amor, curándoles sus enfermedades y a los que fallecían los enterraban y honraban sus cuerpos sin llevarles por razón de lo referido derechos parroquiales (Foja 22 f.) algunos todo a fin de atraerlos a la doctrina y a su enseñamiento y conocimiento de nuestra santa fe reduciéndolos y congregándolos en sus pueblos haciendo para ello muchos gastos de que conoció este testigo en el tiempo que lleva dicho el servicio que se hacía a su majestad.
El noveno es un hombre español que dijo llamarse Juan Francisco Goyeneche mercader viandante en la provincia de Sonora, estuvo dicho tiempo de siete años en dicha provincia (Foja 24 f.) de Sinaloa y en los tres de ellas visitó como cabo y caudillo de los presidios de ella y como teniente de alcalde mayor.
*Archivista de Gobierno del Estado de Sinaloa.
